Delincuencia organizada tiene en la mira a mujeres; aquí las cifras

Te decimos los municipios veracruzanos donde más mujeres han sido agredidas por miembros de grupos criminales –según registros del Banavim

Entre 2011 y 2022, un total de 61 mujeres fueron agredidas por parte de la delincuencia organizada, en hechos ocurridos en 22 municipios veracruzanos, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los municipios veracruzanos donde más mujeres han sido agredidas por miembros de grupos criminales –según los registros del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), a cargo de la Segob– son los siguientes:Ángel R. Cabada (21 casos), Acula (4), Actopan y Mariano Escobedo, con tres casos cada uno; Boca del Río, Coatzacoalcos y Córdoba, con dos registros, respectivamente.

También el Banavim registró casos de mujeres agredidas en los municipios de Acajete, Acultzingo, Altotonga, Amatitlán, Apazapan, Aquila, Astacinga, Camarón de Tejeda, Cazones de Herrera, Chiconamel, Coacoatzintla, Mecayapan, Miahuatlán, Naranjos Amatlán y Poza Rica, así como en lugares clasificados como “no indicados”. Respecto del tipo de agresión que cometió la delincuencia organizada, el Banavim identifica diversos tipos de violencia tales como violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras, señalados en el Artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A pesar de que el Banavim no contiene un campo de registro donde se indique el nombre del grupo de la delincuencia organizada que cometió cada agresión, los actuales lineamientos para determinar e integrar la información al banco nacional – publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado jueves 10 de marzo– establecen que una mujer es víctima de la delincuencia organizada “si la mujer ha vivido violencia en términos del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

A su vez, dicho artículo define como miembros de la delincuencia organizada cuando tres o más personas se organizan para cometer delitos como terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de 18 años, trata de personas, contrabando, delitos cometidos en materia de hidrocarburos y contra el medio ambiente, entre otros ilícitos.

El informe estadístico, obtenido vía la Plataforma Nacional de Transparencia, refiere que entre 2008 y 2020, en el país se registraron 45 mil 719 casos de agresiones contra mujeres por parte de la delincuencia organizada, en los cuales la entidad veracruzana ocupó la posición 19, al sumar 60 víctimas.

Según los registros del Banavim, durante el periodo 2011 al 2016, entre la administración que encabezó Javier «»N» y el inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se cometieron 42 agresiones; posteriormente, en 2017 y 2018, se sumaron 17 nuevos casos de mujeres víctimas de violencia perpetrada por la delincuencia organizada. Asimismo, la información proporcionada vía solicitud de información, con fecha 10 de marzo de este año, por parte de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, refiere que en la actual administración estatal, a cargo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se han registrado dos casos de violencia (uno, con fecha de 2019 y, el segundo, en 2022).

Es importante aclarar que la información contenida en la base de datos del Banavim corresponde a niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, bajo las modalidades establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Cuando el Banavim genera un expediente único para cada mujer en situación de violencia, se tienen datos que son clasificados como confidenciales en virtud de contener información personal de las víctimas, descripción del hecho victimizante, ligados a caso de abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual, trata de personas, violencia feminicida, desapariciones, así como las órdenes de protección emitidas a favor de las víctimas, lo que obliga al administrador de la base de datos a su resguardo y protección.

El reciente acuerdo firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, establece que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres publicará de manera periódica la información general y estadística, desagregada y con enfoque diferenciado sobre las órdenes de protección, casos y delitos de violencia contra las mujeres para integrar el Banavim.

«El Expediente Único de la Víctima debe integrarse con los datos personales e información de las víctimas y de las personas agresoras, con la finalidad de que las autoridades integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales eviten la revictimización de las mujeres en casos de violencia”, especifica el documento de carácter obligatorio.

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