A un año de la masacre en el bar Caballo Blanco en Veracruz, la justicia no llega

Las familias de algunas víctimas del incendio del Caballo Blanco no han recibido la atención psicológica que necesitan ni les han dado la beca prometida por el Gobierno del estado.

Francisca Sánchez Ruiz, perdió a su hija Zuleyma Hernández Sánchez y a su nieta María del Carmen Padua Sánchez esa noche.

Nicole y Santiago Alexander de 4 y 7 años se despiertan por las noches gritando, llorando, llamando a su mamá; caminan dormidos como sonámbulos, y nos desvelamos consolándolos, pues nadie puede ocupar el lugar de una madre, por mucho que se les quiera.

Son los hijos de Zuleyma Hernández de 26 años, quien el 27 de agosto de 2019, murió junto con su sobrina, y 30 personas más en el atentado ocurrido en el bar Caballo Blanco de la colonia Palma Sola en Coatzacoalcos.

Francisca Sánchez Ruiz, perdió a su hija Zuleyma Hernández Sánchez y a su nieta María del Carmen Padua Sánchez de 22 años esa trágica noche.

Ambas trabajaban como bailarinas en el lugar; Zuleyma era el sostén de sus pequeños y de su madre quien se los cuidaba.

La joven tenía tres meses laborando allí, se había separado del padre de sus hijos, iniciaba el ciclo escolar y no tenía dinero para útiles y uniformes, por lo que salió a trabajar su jornada de más de 10 horas, para obtener lo necesario para cubrir esos gastos.

A un año de la tragedia, los pequeños no reciben la atención psicológica que necesitan; no les han dado la beca prometida por el Gobierno del estado, tampoco han sido incluidos en el apoyo de despensa que la Comisión de Atención a Víctimas ha proporcionado a menos de la mitad de las familias de quienes fallecieron en el bar.

La ayuda ofrecida para tener la custodia legal de los niños tampoco se ha concretado; el padre no se ocupa de ellos, desde marzo pasado no tiene trabajo, ni les da ni un centavo para comer; pero las autoridades le dicen que ella debe convencerlo de que le de la firma, y pueda legalmente hacerse cargo de su crianza, pues de hecho ya lo hace desde hace casi un año.

Francisca narra angustiada lo que ha tenido que vivir en casi un año de que murieran su hija y su nieta en el bar ubicado en la calle Román Marín, entre Zaragoza y Corregidora.

“Los niños sufren bastante, no duermen muchas veces por las noches, piden a su mamá o están durmiendo y hacen como sonámbulos, caminando, hablan, son horas que uno tiene que estarse desvelando con ellos para calmarlos, platicar con ellos; para mi es el dolor más grande, cuando los niños se ponen mal a mí me duele en carne propia; nadie puede ocupar los zapatos de una madre”.

Explicó que en el DIF Municipal de Coatzacoalcos, antes de la pandemia del coronavirus, les dijeron que les darían atención psicológica a los niños, pero la ponían horarios que ni teniendo coche para desplazarse, o dinero para el taxi, podría llegar a tiempo.

Luego llegó el coronavirus y la situación económica empeoró; la beca Benito Juárez que les ofreció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez jamás llegó; el apoyo de canasta básica de la Comisión de Atención a Víctimas solo se quedó en la ficha número 15, pues a cada caso le asignaron un número y el de su hija es el 23.

Pero lo que más le preocupa es el tema de la custodia legal, pues de hecho ella está a cargo de los pequeños, pero de derecho el padre es su tutor, aunque ni se acuerde de ellos.

“Hemos pasado cosas muy feas, prácticamente a cada familia nos ha dado muy duro por la muerte de ellos”, explica mientras se acomoda el cubrebocas y responde con sus manos que nada, nada de los apoyos ofrecidos por el gobierno de los tres niveles le han llegado; tampoco la justicia

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